Antes que un hecho meramente local, la reciente victoria de Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas (y muy seguramente en la segunda) permite hacer una lectura de la actualidad política de la región. Cuando los países latinoamericanos lograron independizarse de España no pudieron afianzar una transformación social que pudiera, hacia el futuro, deshacerse de rémoras de la colonia como el racismo y la desigualdad. El tablero político post-independentista mantendría muchas semejanzas con el modelo anterior. Si bien el panorama político y social había cambiado, el mismo tendía a mantener rasgos coloniales. El lugar de la corona lo ocuparon las élites criollas, y las capas bajas de la sociedad mantuvieron su lugar subalterno. El último día del despotismo español se convirtió en el primero de los nuevos despotismos. 

Este mismo motivo histórico puede permitir comprender las transformaciones de la política latinoamericana a lo largo de la última década y media. Si las izquierdas progresistas celebraban hace poco menos de veinte años el logro de una “segunda independencia” respecto de la frontal injerencia estadounidense en los asuntos políticos de la región, así como de la aplicación de las férreas políticas neoliberales, aún hoy resuenan los ecos de la experiencia de la primera independencia. 

El devenir de los gobiernos progresistas de comienzos de siglo abrió una brecha entre lo que prometía y lo que puso en práctica. La primavera progresista anunciaba una transformación política fundada en la acción directa, la democracia participativa desde las bases y la desprofesionalización de la política, como forma de contrarrestar los efectos nocivos ocasionados por las experiencias neoliberales de los años noventa. En ese escenario, los movimientos sociales buscaban construir nuevas formas de auto-gobierno, no centradas exclusivamente en el Estado, encaminadas a superar los modelos liberales, desde los que se permitiera gestar modelos alternativos de sociedad. No obstante, durante los primeros años del siglo, el ascenso al poder de los progresismos significó una suerte de continuidad en cuanto a la participación subalterna de los movimientos sociales. La dinámica de la política latinoamericana significó la incorporación de los sectores populares dentro de los engranajes del Estados capitalistas, y no propiamente su potencialización como sujetos disruptivos frente al orden establecido. Las luchas lideradas por estos sectores contra las políticas hegemónicas, se transformaron en luchas moderadas desenvueltas dentro de los marcos institucionales del Estado liberal. La idea de una transformación de la sociedad nacida a partir de la acción movilizada por las bases populares se diluyó una vez encorsetada por el aparato estatal. Los ciclos de expansión económica se tradujeron en intenciones reformistas y aumentos de las capacidades de consumo, convertidos en fines en sí mismos, que no lograron abrirse hacia un horizonte que permitiera pensar en verdaderas rupturas estructurales frente al orden dado. Los nuevos gobiernos de izquierda canalizaron el impulso del cambio social gestado desde abajo, en lugar de fomentar un reequilibrio fundado en nuevas formas de construcción social desde lo político, obturando así su real potencial transformador. Con ello, lo que estos últimos lograron fue, en última instancia, la reorganización de las fuerzas políticas más profundas a fines de reproducir y afianzar la sociedad en su versión existente. Este fue el caldo de cultivo para que, en el ocaso de los progresismos latinoamericanos, se radicalizaran muchos de los males de la sociedad liberal (represión, pobreza, escasez y corrupción). 

En ese escenario, es posible afirmar que durante las primeras décadas del siglo la estructura fundamental de la dominación social persistió, incluso si sus expresiones políticas habían sido alteradas. Esto, claro, no significa desconocer los aspectos positivos del ciclo progresista latinoamericano, patentes en su primera década. En efecto, los gobiernos progresistas utilizaron la bonanza de la renta de exportación para financiar políticas sociales dirigidas a los estratos sociales más pobres, para aumentar y mantener las tasas de empleo (aunque típicamente en trabajos inseguros y de baja remuneración), y para impulsar el consumo interno. Las condiciones de vida de las clases populares mejoraron notablemente. La pobreza disminuyó y la desigualdad de ingresos bajó ligeramente. La educación pública se incrementó y los servicios de salud se expandieron. Sin embargo, debido al carácter reformista de estos gobiernos, el agotamiento del ciclo expansivo latinoamericano supuso que el panorama social y político se convirtiera en su opuesto. El ascenso de gobiernos neoliberales y reaccionarios, económicamente liberales y ético-políticamente conservadores, se ha propagado en el subcontinente. Desde Macri hasta Bolsonaro, pasando por Duque, el apoyo popular ha tenido un giro a la derecha que demuestra que las demandas sociales de tendencia transformadora han sido incorporadas en diferentes grados dentro de una estructura que en última instancia sustenta los cimientos del status quo, perfilando una clara tendencia restaurativa. En ese proceso de reacción, que va de la mano con un proceso global de contracción económica, las capacidades para la movilización social han sido cooptadas (institucionalizadas o burocratizadas) o reprimidas selectivamente. En medio de ese horizonte, las reformas conservadoras aparecen disfrazadas de impulsos que emergen desde abajo, logrando así el consenso pasivo de los sectores subalternos. El activismo conservador termina ocupando el lugar del activismo per se. Con ello se garantiza una actitud de pasividad frente al orden, se controla la movilización, y se fomenta la desmovilización. 

Lo sucedido durante este siglo obliga a realizar análisis críticos radicales antes que a caer presa de lastimeras nostalgias románticas frente a un paraíso perdido, ellas mismas conservadoras y reaccionarias. Si el progresismo de izquierda pensaba ingenuamente en el carácter unilineal del desarrollo histórico, la realidad muestra que toda conquista está en continua amenaza de retroceso; que las lógicas de funcionamiento social van más allá de todo patrón mecánico-causal; que el progreso no es un hecho dado e irreversible, sino un movimiento paradójico y cambiante, coexistente con retrocesos sostenidos y prolongados. Justamente, esa retracción se ha traducido en la aparición de nuevos movimientos sociales y políticos de derecha que amenazan con incrementar los problemas de desigualdad y discriminación racial, patriarcal y sexual. 

En Latinoamérica se perfila un futuro marcado por los gobiernos de derecha, muchas veces ultra, que, con el consentimiento de gran parte de la sociedad, reforzará la dominación militarizada y represiva. Estos gobiernos, altamente dependientes de modelos económicos extractivos, no podrán resolver los problemas estructurales que subyacen a la economía de la región, apuntando a un escenario de inestabilidad económica, social y política, en el que las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones latinoamericanas se verán claramente afectadas. Sin embargo, ese escenario no será unidimensionalmente hegemónico. Antes que al desaliento y a la confusión, la nueva realidad será más bien propicia para que la movilización social transformadora recoja nuevamente fuerzas para construir modelos de construcción política, que no sólo permitan contrarrestar los embates de la ola reaccionaria, sino para proyectar modelos alternativos de sociedades más justas y libres. Esa, y no insistir en la terca defensa de modelos demostradamente fallidos (Venezuela como ejemplo arquetípico), tendrá que ser a futuro la tarea política para la izquierda regional.